El Tribunal de Cuentas frenó el pago de más de $ 20 millones a estaciones de servicio que proveían de combustible a los móviles policiales y ordenó una investigación en el sistema, ya que se sospecha que podría haber varias anomalías. En una reunión reciente con el vicegobernador, los altos funcionarios explicaron que “se pidieron informes y estos han sido brindados de la manera más rápida posible” y que el Tribunal de Cuentas “no observa la totalidad de los expedientes” que se enviaron y que los están elevando nuevamente. No obstante, el ministro de Seguridad sostuvo que si el organismo “determina que hay una irregularidad lo informará y se harán sanciones”. Es de advertir que el caso no sólo puso en peligro las tareas de prevención, sino que se comenzó un sumario interno.

El sistema de abastecimiento de combustible, que depende del Departamento Logística (D4) se realiza mediante entrega de vales para carga de los móviles (motos, autos, camionetas y camiones) en las cinco regionales de la Policía. Se sabe que diariamente se autoriza que las motos carguen entre cinco y siete litros; los autos entre 10 y 15 litros; y las camionetas entre 15 y 20 litros. También están contempladas situaciones particulares, como viajes al interior o traslado de detenidos o el uso del camión de Bomberos. Luego, las estaciones de servicio presentan el total de lo adeudado que, después de un control, se factura y luego, después que el jefe de Policía y el TC lo aprueban, se libra la orden de pago.

El año pasado, el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa decidió instalar GPS a todos los móviles de la fuerza. Justamente, ese instrumento sirvió para detectar una irregularidad que alteró el normal funcionamiento del sistema de abastecimiento de combustible. Comenzó con que en una estación de servicio de Yerba Buena se habría cargado combustible a un patrullero que no estaba en el lugar y luego se hallaron 1.116 remitos en las mismas condiciones. Así, en principio, se frenaron órdenes de pago por unos 14,8 millones de pesos (por abastecimientos entre el 1 de febrero y el 31 de marzo), e iniciar una investigación. La decisión del TC de detener el pago a los proveedores generó una crisis en la fuerza. Varias estaciones de servicio comenzaron a negarse a cargar combustible, por lo que los funcionarios de Seguridad tuvieron que realizar diferentes gestiones para no resentir las tareas policiales.

Algunas versiones indicaron que varios móviles se abastecieron en la Jefatura de Policía, donde se instaló un camión cisterna con combustible. Algunos empresarios, después de arduas negociaciones que se registraron durante todo el fin de semana, aceptaron abastecer de combustible a los patrulleros con la promesa que a partir de mañana comenzarían a recibir el pago de esas operaciones.

Las supuestas irregularidades en la compra de combustible quedaron al descubierto seis semanas después que el Tribunal de Cuentas aprobara el llamado de licitación para que haya un mayor control en la compra y el uso de combustible por parte de la Policía. En seguridad, mientras se preparan papeles para enviar al TC, ya habrían sido separados de sus funciones el jefe del D4 y al menos un profesional que se encarga de la distribución del combustible. Fuentes del Ministerio Público Fiscal indicaron que ya hay una causa iniciada por esta irregularidad y está en manos de la fiscala Mariana Rivadeneira.

La cuestión ha visibilizado aparentes problemas con el control de provisión de combustible, el cual debería ser transparente, a fin de evitar que se resienta un servicio esencial como la seguridad, tanto en la prevención como en la respuesta a emergencias. Además, el control deficiente genera riesgos de que se produzcan maniobras corruptas, que en otros tiempos han dado que hablar en nuestro medio, y que deberían evitarse absolutamente.